Y ahora ¿qué?

La publicación de la versión oficial del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los asesinatos indiscriminados cometidos en la República Democrática de Congo entre los años 1993 y 2003 trae a la luz algo que todos sabían, muchos denunciaron, pero ante los que pocos o casi nadie reaccionó.

Desde que estalló la tragedia ruandesa en abril de 1994 y durante los meses que siguieron a las masacres contra los tutsi, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos venían denunciando la persecución y asesinato de miles de civiles como represalia por lo acontecido en Ruanda. A un genocidio le siguió otro, del que muy pocos medios hablaron. El informe que acaba de publicarse acusa de manera especial a Ruanda y Uganda de haber cometido actos que podrían merecer la catalogación de genocidio y de crimen contra la humanidad. Otros países que participaron en el conflicto, como Chad, Angola, Burundi o la propia República Democrática de Congo, tampoco quedan exentos de responsabilidad.

Las más de quinientas páginas de que consta el documento muestran con pelos y señales las exacciones cometidas en la región de los Grandes Lagos, tanto las dirigidas contra los tutsi como las perpetradas contra la población hutu, durante el período al que hace referencia el estudio. Los peor parados, como suele ocurrir en estos casos, fueron las mujeres y los niños, a los que se dedica un capítulo especial. El informe hace referencia también a la explotación de los recursos naturales como telón de fondo de muchas de las masacres cometidas entre la población civil.

Durante todos estos años, la revista Mundo Negro ha venido informando y denunciando los hechos acaecidos en esta sufrida región de África. Ahora, salen a la luz de manera “oficial” y con el aval que supone ser denunciados por un organismo de la talla del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La pregunta que surge, una vez denunciados los hechos es: Y ahora ¿qué? La población congoleña tiene sed de justicia. El primer paso, condición sine qua non para saciar esa sed, se acaba de dar con la publicación de este extenso informe. Queda por ver qué hará ahora la comunidad internacional para dar el segundo paso, el más importante, el de castigar a los culpables y hacer que esa justicia tan ansiada por los congoleños vea también la luz.

Mientras tanto, el presidente ruandés, Paul Kagamé, uno de los principales acusados en el informe, acaba de dar un paso más en su desprecio hacia los derechos humanos y las libertades políticas. La detención de la líder opositora Victoire Ingabire bajo la acusación de negación del genocidio y de promover actividades subversivas y terroristas muestra lo poco que parece preocuparle lo que diga la comunidad internacional. Kagamé ha gozado siempre del beneplácito y el apoyo incondicional de Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente. Habrá que estar atentos para ver cómo reaccionan ahora sus grandes aliados occidentales.

Tal y como reza en la portada del número de noviembre de Mundo Negro, la verdad abre las puertas a la justicia. Una vez que la verdad ha salido a la luz, ya no hay vuelta atrás. Los hechos están ahí, son claros como el día, evidentes y contrastados con infinidad de testimonios y de documentos. La puerta se ha abierto, esperemos que nada pueda impedir ahora que la justicia entre y actúe con toda su fuerza y vigor.